Militarismo y modernización

Las clases altas urbanas no eran las únicas que reclamaban orden; los nuevos estancieros empresarios necesitaban de una paz que pusiera a salvo sus inversiones. Sumados a comerciantes y banqueros conformaron una fuerte alianza dispuesta a encauzar al país de acuerdo a los requerimientos de la economía internacional. El ejército fue el brazo ejecutor de su programa.

Lorenzo Latorre: el dictador austero

Gral. Lorenzo Latorre

Ante el vacío de poder provocado por la renuncia de Pedro Varela, las clases conservadoras –comerciantes banqueros y el núcleo de estancieros empresarios que en 1871 habían fundado la Asociación Rural- buscaron apoyo en el Ministro de Guerra para llevar a la práctica de su proyecto de país.  En marzo de 1876 el coronel Lorenzo Latorre asumió como gobernador provisorio, aunque en realidad ejerció una dictadura que se prolongó por tres años. Pese a que su mandato inauguró el período militarista, Latorre no concedió privilegios especiales al Ejército y tampoco practicó una política de partido, aunque era colorado. En otros órdenes, en cambio, su gobierno fue la antítesis del liberalismo: prescindió de la Constitución, desconoció las libertades individuales y la división de poderes; persiguió con dureza a la oposición y la prensa.

Ferrocarril


Tres años después, una Asamblea General en la que no estaba representada la oposición, lo designó presidente por el período siguiente; pero el dictador no pudo adaptarse a gobernar en un marco legal y renunció en 1880, apenas un año después de haber asumido.

Modernización del Estado


En el mismo sentido que otras dictaduras latinoamericanas de la época, Latorre fortaleció la autoridad del Estado. La ampliación de la red ferroviaria y del servicio de correos y la incorporación del telégrafo permitieron al gobierno ejercer su autoridad en todo el territorio  y frenar sublevaciones en la campaña no bien se iniciaran. El ejército fue equipado con armamento moderno y pudo ponerse por primera vez en ventaja frente a los caudillos.

También se ampliaron las competencias del Estado, se crearon registros públicos para tareas antes desempeñadas por la Iglesia, al tiempo que se establecían jueces letrados en los departamentos  se elaboraban códigos en materia civil, criminal y rural.

En otro orden, la Ley de Educación Común, de 1877, puso bajo control estatal la enseñanza primaria y propuso su carácter laico, gratuito y obligatorio.

Fusil Remington



DOCUMENTOS
El Estado aumentó su eficacia y sus funciones: “El fusil Remington primero, la ametralladora y el cañón Krupp después, el telégrafo y los ferrocarriles, al tecnificar la guerra y elevar el costo de las campañas militares, operaron siempre a favor del Estado. El poder regional de los caudillos recibió un golpe casi mortal. También fue modernizado el aparato administrativo y jurídico, reorganizado el servicio de correos, sustituidos los alcaldes por jueces letrados departamentales (con lo que la administración de justicia ganó en tecnicismo y eficiencia), promulgados los Códigos de Procedimiento Civil, Instrucción criminal y el Rural. Este último y el Registro de Embargos tendieron a asegurar la propiedad en su concepción burguesa. Ahora sí podía desarrollarse en relativa paz la tecnificación agropecuaria y la racionalización de la explotación ganadera que permitirían pasar de la estancia cimarrona a la empresarial basada en criterios capitalistas.


El alambrado de los campos


Fue en la economía, sin embargo, y específicamente en el agro, donde Latorre efectuó el mayor aporte modernizador. Acorde a los nuevos modos de explotación, era imprescindible afirmar la propiedad de tierras y ganados, para asegurar el resultado de las inversiones a los propietarios legítimos.



La medida más radical en este proceso fue la promoción del alambrado de los campos. Dados los altos costos de alambrar, solo los grandes hacendados pudieron hacerlo. Por ello, al mismo tiempo que defendió el derecho de propiedad burgués, el alambrado consolidó el latifundio y provocó el desalojo de miles de ocupantes y poseedores que quedaron sin tierras. Ellos fueron las primeras víctimas del desempleo tecnológico en el país.

Otras disposiciones conducentes a garantizar el derecho de propiedad y dar un marco de seguridad a los hacendados fueron la creación del Registro de Marcas, la redacción del Código Rural y la formación de un cuerpo de policía de campaña.




Con esta política, más estancieros decidieron invertir en sus establecimientos; incluso algunos importaron reproductores de raza para mestizar y mejorar la calidad de carnes y lanas. Se profundizó así el proceso de capitalización del agro.

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